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El decreto sobre los derechos de la madre, el padre y el recién nacido está ya en vigor
Sanidad lo ayer presentó a organizaciones ciudadanas y de mujeres, y a profesionales
M. A. SAMPERIO/SANTANDER
La consejera de Sanidad, Rosario Quintana, y el director general de Salud Pública, Santiago Rodríguez, presentaron ayer a diversas asociaciones de mujeres y ciudadanas, y a profesionales, el Decreto sobre los derechos de la madre, el padre y el recién nacido en relación con el nacimiento en el ámbito sanitario que también ayer fue publicado en el Boletín Oficial de Cantabria y que desde hoy mismo está en vigor.
Quintana explicó que se han tratado de recoger una serie de derechos basados en la autonomía del paciente y que se pretende que la mujer sea «la protagonista de la gestación y del parto», lo que supone recibir los tratamientos que sean necesarios, el alivio a su dolor y la posibilidad de dar a luz de la manera que ella elija y con la compañía del padre o de la persona que designe. Las madres podrán, asimismo, optar por un parto natural o impedir una cesárea, siempre que no peligre su salud o la del bebé.
La nueva normativa obliga además a todos los centros sanitarios de la región que atienden partos a adecuar en dos años sus instalaciones para la aplicación efectiva de estos derechos. Quintana reconoció que muchos de estos derechos se incumplen por «rutinas inadecuadas» de los profesionales, que deberán cambiar a partir de hoy mismo, cuando entra en vigor el decreto de derechos de la madre, el padre y el recién nacido en relación con el nacimiento en el ámbito sanitario.
Estos derechos serán también trasladables al padre, en el caso de que la madre no pueda decidir, mientras que los progenitores también podrán reclamar para su recién nacido que esté identificado desde el primer momento a través de un sistema comprobado, que permanezca en el hospital el menor tiempo posible o que reciba toda la atención necesaria.
El recién nacido tiene además derecho a estar siempre acompañado por su madre y, si ella no está, por su padre u otro familiar. Santiago Rodríguez explicó que los centros sanitarios, tanto públicos como privados, tendrán un plazo de dos meses para comunicar a la Consejería de Sanidad que no pueden asumir los derechos recogidos en este decreto y posteriormente dos años para adecuarse y cumplir la normativa, que ya está en marcha en algunas comunidades autónomas como Baleares o Andalucía.